La normativa de emergencia dictada en el marco de la pandemia generada por el Covid-19 y plasmada en los distintos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) tienen como finalidad que las relaciones de trabajo se mantengan vigentes y que se garantice el pago de las remuneraciones al trabajador, aun en la contingencia de no poder prestar servicios en forma presencial o en modos alternativos previamente pactados.

En consonancia con los fundamentos en los considerandos del DNU 329/2020, dictado y publicado en el Boletín Oficial (B.O.) el 31/3/2020, se estableció en su art. 2 la prohibición de los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo se sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su publicación en el B.O. En su art. 3 estatuyó la prohibición de las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por idéntico plazo al señalado en el anterior artículo, quedando exceptuadas las suspensiones efectuadas en los términos del art. 223 bis de la L.C.T.

Es decir, que estas prohibiciones regían desde las 0 horas del 31/3/2020 hasta las 24 horas del 29/5/2020. Sin embargo, con posterioridad se dictó el DNU 487/2020 publicado en el Boletín Oficial el 19/5/2020 mediante el cual se prorrogaron ambas prohibiciones por el plazo de sesenta (60) días contados a partir del vencimiento del plazo que se estableció en aquel DNU.

En función de lo normado en tal sentido, cabe preguntarse: ¿Qué ocurre con el despido o la suspensión dispuesta por el empleador en violación a lo dispuesto por los DNU mencionados? No producen efecto alguno y las relaciones laborales se mantienen vigentes y en las condiciones que revestían al momento del despido o suspensión.

Dra Carola Barbaré

Dra Carola Barbaré